Cecopros | Bienvenidos

Chimbote, 11/12/2009 (Cecopros).- Esta es la impresión del ex procurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, ante la desactivación de la Procuraduría Ad-Hoc para los casos Fujimori-Montesinos. Dijo que este éste hecho "marca un momento histórico negativo en la lucha contra la corrupción". A continuación les ofrecemos la entrevista completa.

*************

Por Víctor Manuel Quinteros (*)

La reciente desactivación Procuraduría Ad – Hoc para los casos Fujimori – Montesinos se produce justo en medio del desarrollo del proceso judicial al propio Fujimori y todos los implicados en la red de corrupción de los años noventa. Luis Vargas Valdivia , ex procurador anticorrupción, señala la falta de compromiso del Estado peruano en la lucha contra la corrupción y advierte sobre el retroceso que ello implica, no sólo en términos legales, sino morales y educativos.

¿Qué significa el cierre de la Procuraduría Ad – Hoc para los casos Fujimori – Montesinos, para la lucha contra la corrupción, en un país que ha transitado por casos tan serios en temas de corrupción y derechos humanos? ¿Qué puede significar este hecho cuando la población percibe la corrupción como uno de sus principales problemas?

Es un hito lamentable. Así como hay hitos que marcan momentos históricos positivos, éste marca un momento histórico negativo en la lucha contra la corrupción. No existe un argumento válido que excuse materialmente la no permanencia de la Procuraduría. Se hace referencia a que existen menos procesos que al inicio de sus funciones, pero la naturaleza, magnitud y complejidad de aquéllos que aún existen, requiere que el Estado se encuentre debidamente representado y defendido.
El objeto de la Procuraduría Ad Hoc fue defender al Estado de actos de corrupción cuya magnitud se sospechaba pero no se conocía. Poco a poco nos fuimos dando cuenta del entramado y la magnitud del sistema perverso montado por Fujimori y Montesinos, que les permitió mantenerse en el poder gracias y a través de la corrupción, e implicó también la comisión de otros delitos – lesa humanidad y tráfico de drogas. Estábamos frente a uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país y con seguridad el más corrupto en la historia del siglo XX.

El cierre de la Procuraduría significa que cierto sector del Estado considera que ya no es conveniente seguir patrocinando y defendiendo los intereses del Estado en estos actos de corrupción, de lesa humanidad y de tráfico ilícito de drogas. Los procesos están aún en giro e incluso existen pedidos de ampliación de la extradición del ex presidente Fujimori pendientes de presentar a la justicia chilena. ¿Quién va a defender los intereses del país en esos pedidos de extradición?

Luego de nueve años de labor, ¿qué balance puede hacer sobre el trabajo de la Procuraduría Ad Hoc , cuáles considera que fueron sus principales logros y qué rol ocupó en materia de lucha contra la corrupción a través de la gestión de los distintos procuradores?

La Procuraduría, en su momento de creación (noviembre del 2000), marcó un hito. Recordemos ese entonces: se descubrieron las primeras pruebas de los actos de corrupción de la organización delictiva fuji-montesinista y se marcó el fin de la dictadura, gracias a un movimiento social de nivel nacional; aquí no hubo necesidad de recurrir a potencias extranjeras, ni de recurrir a enfrentamientos armados. Se logró que Fujimori fugara del país (con renuncia vía fax) y al mismo tiempo desmontar el andamiaje sobre el cual se sostenía su régimen corrupto, tarea que fue favorecida por la labor de investigación y ardua batalla sostenida por los medios de comunicación independientes. En dicho marco, la Procuraduría Ad Hoc tuvo un papel importante en la lucha contra la corrupción, junto a los juzgados y a las fiscalías especializadas. Recuerdo a Ana Cecilia Magallanes e Inés Villa, mujeres que dieron la cara por el país y supieron luchar junto con los demás magistrados anticorrupción, contra el poder aún vigente en aquel entonces, con serio riesgo de su integridad.

Por primera vez en la historia del Perú y de América Latina, se presentaron las condiciones que permitieron investigar, procesar y juzgar al poder político, al poder económico y el poder militar, que hasta la caída del régimen estuvieron comprometidos con numerosos actos delictivos. Muchos dicen que esa fue una época oscura porque se produjo una persecución. Eso no es cierto, ya que una característica esencial fue que los procesos, que uno tras otro se iban instaurando, se enmarcaron en un respeto puntilloso de los derechos y las garantías del debido proceso. Muchos de los investigados interpusieron acciones de garantía y llegaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual estuvo monitoreando las investigaciones y llegó a la conclusión que no se había vulnerado ningún derecho fundamental. Prueba de ello es que las diversas solicitudes de extradición – incluyendo las del ex presidente Fujimori – pasaron largamente los límites mínimos de respeto a los derechos y garantías constitucionales. Se demostró que en una democracia si es posible que el Estado se defienda debida y decididamente contra la corrupción. No olvidemos además que, por primera vez en la historia del Perú, se lograron recuperar 300 millones de dólares repartidos en activos en todo el mundo, lo que evidencia la transparencia de la actuación de la Procuraduría.

Los principales logros como Procuraduría serían: el impulso, acompañamiento y participación activa en las investigaciones y procesos judiciales, aportando y participando en la actividad probatoria; el participar en los procedimientos de cooperación judicial internacional; centralizar la información respecto de los diferentes actos delictivos, compartirla y participar en su debate; y, solicitar y lograr la aprobación de una legislación adecuada para la investigación y juzgamiento de los actos de corrupción que se iban revelando ante la opinión pública. Sin embargo, fue determinante en dicho contexto, la institucionalización en el Ministerio Público y Poder Judicial de un sistema especializado, gracias a los cuales, y siempre en resguardo de los intereses del Estado, la Procuraduría logró tramitar incautaciones y el congelamiento de importantes sumas en el extranjero. Por otro lado, el tema de las extradiciones fue fundamental al ratificar la validez de los procesos. No olvidemos que se tramitaron extradiciones en distintos países del mundo, donde los estándares de evaluación respecto de la aplicación de normas procesales son muy altos, lo que permitió que se lograran resultados favorables, como en el caso del ex presidente Fujimori, extraditado de Chile en setiembre de 2007.

Otro tema importante es que la Procuraduría defendió los intereses del Estado –no del gobierno– en materia de derechos humanos, donde resultó histórico el reconocimiento del Estado como responsable de tales delitos. El impulso de estas investigaciones permitió que las mismas salieran adelante y se esclarecieran diversos hechos delictivos de lesa humanidad, a pesar que no faltaron numerosas críticas, como ocurrió en las investigaciones vinculadas a los actos acaecidos con motivo de la toma de la residencia del Embajador de Japón, donde el objetivo primordial fue la búsqueda de la verdad, sin afectar a aquellos considerados como héroes de la patria, sino más bien con la finalidad de sancionar a quienes con motivo de tales acciones perpetraron actos delictivos.

No olvidemos que, al inicio, muchas personas estuvieron tentadas de modificar el Código Penal para “permitir” un mejor juzgamiento de los hechos, lo que habría implicado la absolución de varios de los investigados, por un tema de atipicidad. Lo que se hizo fue un trabajo interesante, importante con la colaboración desinteresada de juristas de talla internacional, que presentaron informes que permitieron interpretar adecuadamente la normatividad legal vigente, como en el tema de los cómplices en los delitos de peculado, el concepto de beneficio en los delitos de enriquecimiento ilícito –donde quedó claro que es cualquier tipo de beneficio-, la aplicación de la Convención Americana de Lucha contra la Corrupción, como en el caso contra Alberto Kouri , para definir quién y desde cuando era funcionario público. Se colaboró con instituciones que también marcaron hitos, como la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de suerte tal, que les brindamos información respecto de violaciones de derechos humanos acaecidas en la década de 1990. También se colaboró con instituciones como la Defensoría del Pueblo.

Hubo un trabajo constante con el sector Educación –en el gobierno de transición y en la primera parte del gobierno del ex presidente Toledo- para incentivar la conciencia de lucha contra la corrupción y violaciones contra los derechos humanos, por lo que tuvimos una presencia constante en medios de comunicación social, como respuesta a discursos que apelaban a no mirar al pasado y perdonar sin que hubiera un acto de contrición.

Considerando los más de cien casos pendientes de investigación preliminar y otros tantos en pleno proceso penal, a cargo de la Procuraduría Ad Hoc , ¿cómo puede calificar la decisión del gobierno de cerrar dicha dependencia y fusionarla a la procuraduría especializada?

Lo menos que podríamos decir es que es una decisión apresurada y sin fundamento. Estoy convencido que no se ha tomado en cuenta la naturaleza y complejidad de los procesos, donde existe amplia información y documentación, donde la actividad probatoria es intensa, donde aún quedan por actuarse cientos de diligencias. ¿Cómo alguien va a tomar conocimiento inmediato de todo lo que se ha actuado? Eso es materialmente imposible y es una de las principales consecuencias que plantea el cierre de la Procuraduría. Se cortaron los ciclos: cuando salió José Ugaz y cuando salí yo, quedó el equipo pero luego, poco a poco, el equipo se fue desactivando y dejando de lado gente importante que conocía los procesos desde el inicio. No hubo un adecuado traspaso de información y estamos ante el fin de una institución que en su momento marcó un hito importante y, sobre todo, que demostró un compromiso claro –ahora ausente- del Estado en la lucha contra la corrupción.

Se trata de una coincidencia o, ¿cómo explica usted que esta decisión se toma justo cuando los procesos penales por corrupción y graves violaciones de derechos humanos abiertos contra el presidente Alberto Fujimori deben resolverse en los próximos meses?

Parafraseando a nuestro presidente: las coincidencias no existen, y en política, no se puede ser ingenuo. Hay una tendencia a olvidar y a presentar como víctimas a las personas que se encuentran seriamente involucradas en casos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. De hecho, se pretende presentar al ex presidente Fujimori como víctima y perseguido del sistema, siendo el fujimorismo el que desde hace varios años mantiene la primera vicepresidencia del Congreso, como ocurre actualmente con la congresista Cecilia Chacón , quien es procesada en un caso de corrupción y no ha asistido a los juicios orales que tiene en su contra. Se trata de una estrategia -en la que quiero dar el beneficio de la duda a un sector del gobierno– montada por los seguidores del ex presidente para lograr su impunidad y la de sus cómplices, sobre la base de una –pretendida- persecución judicial que no ha sido tal. Vayamos a los antecedentes de la Comisión Interamericana y su negativa de admitir cuestionamiento alguno a los procesos llevados en el Perú.

¿Advierte algún tipo de relación entre la proximidad de estos pronunciamientos y la decisión adoptada por el gobierno?

Complementando lo señalado frente a la pregunta anterior y que, en parte, responde a esta interrogante, debo anotar lo siguiente. Hay políticas que son fundamentales y trascendentales al Estado y que deben ser implementadas por él, sin que el tema económico deba ser óbice para la adopción de las mismas. Lucha contra la corrupción, luchar contra la impunidad y defensa de los derechos humanos son tres de ellas. ¿Acaso algún estado puede decir que no va a implementar estas políticas porque no tiene los medios económicos? No puede ser excusa ni fundamento y en el caso de la Procuraduría es el único que se nos ha dado.

¿Cuál cree que sea el destino de las solicitudes de extradición relacionadas con las causas penales pendientes del ex presidente Fujimori que aún no han sido presentadas al gobierno de Chile? ¿Se anima a dar algún pronóstico?

La gran pregunta es: ¿quién va a asumir la defensa del Estado en estos casos? ¿Los integrantes de la Procuraduría –especializada- que no conocen o tienen familiaridad alguna con los hechos? ¿Cómo van a sustentar los casos? Se trata de procesos complejos, en los que existe un gran acopio de medios probatorios que hay que conocer al detalle. Había una estrategia de defensa en esos procesos, lo digo con conocimiento de causa, dirigida a llegar a la verdad. Prefiero no dar ningún pronóstico para que no digan que soy un antipatriota. Lo que sí espero es que las solicitudes sean admitidas por las autoridades judiciales y el gobierno de Chile, pues ahora el tema político podría incidir en contra el interés peruano. Estos expedientes de extradición deben presentarse y sustentarse debidamente, lo que exige contratar a abogados y destacados juristas en Chile que permitan una adecuada defensa en este país. Los casos en buena cuenta no deben ser abandonados. La justicia no solo se trata de sancionar y condenar, sino de esclarecer los hechos y llegar a la verdad.

Era un avance que el Perú contará con esta instancia – la Procuraduría Ad Hoc anticorrupción– como un mecanismo surgido del propio Estado. ¿Hay un retroceso en relación a otros países de América Latina? ¿Cómo ve al Perú en este panorama?

En América Latina, hay un obvio retroceso de varios países en lo que respecta a lucha contra la corrupción. Esto lo vemos en las noticias día a día. En otros países, el autoritarismo se impone y se ve como enemigos a los medios de comunicación porque es uno de los principales actores en la lucha contra la corrupción, al investigar y denunciar. La respuesta clásica de los involucrados es que esto es parte de una campaña para distraer a la opinión pública. Ello va acompañado, por lo general, de regímenes que no respetan las condiciones mínimas y elementales de un Estado de Derecho.

Lo que ocurre con la Procuraduría en el Perú traduce una realidad que varios analistas coinciden en describir: no hay una política de lucha contra la corrupción debidamente implementada. Por citar un ejemplo que planteó retos similares, en el tema de derechos humanos, el Poder Judicial y el Ministerio Público pudieron formar una Sala Penal Nacional y Fiscalías Supra provinciales para enfrentar el tema. ¿Por qué no se hizo lo mismo con el tema anticorrupción, a partir de la experiencia que ya existía en Lima? Debió crearse una Sala Penal Nacional Anticorrupción, propuesta que quedó en el olvido.

Frente a la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el caso del general Walter Chacón y el exceso en la razonabilidad del plazo requerido para emitirse un pronunciamiento en su contra, ¿considera que este antecedente puede constituir un riesgo para el conocimiento de otros casos aún pendientes de resolver? ¿Hay algún tipo de negligencia en los operadores judiciales por la demora en el trámite de los procesos?

Uno de los principales objetivos que nos fijamos al inicio de la actividad de la Procuraduría es que en los procesos e investigaciones se respetaran de manera pulcra los derechos de los procesados. En este caso en específico, ¿se ha afectado el principio del plazo razonable? Creemos que sí. El Estado debió dotar de mayores recursos al Poder Judicial para que se pudiera implementar mejores medidas desde el punto de vista logístico, para materializar las medidas legislativas. Recordemos, además, que se desactivaron algunos juzgados anticorrupción.

La sentencia del Tribunal Constitucional, si bien en lo personal molesta en cuanto a aspectos de principios, reconoce la obligación del Estado de investigar y juzgar a quienes se atribuye la comisión de algún delito en un plazo razonable. Lo que me genera dudas son las consecuencias de la decisión adoptada, y allí me parece que hay un exceso del tribunal, pues se termina por separar del proceso a quien se ha acusado por la comisión de delitos graves, y por ello el Tribunal, creo que debió, sin perjuicio de disponer el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en contra del general Chacón, exhortar o requerir al Poder Judicial para que concluya el proceso en un plazo determinado.

Creo, por otro lado, que este fallo ratifica la necesidad de implementar procedimientos de logística que permitan juzgamientos en plazos razonables. Sin embargo, debe quedar claro que esta sentencia no ha declarado la inocencia de nadie. Al general Chacón se le atribuye el delito de enriquecimiento ilícito y considero que en el proceso había elementos probatorios que tendían a establecer su responsabilidad, lo que –por efecto de la sentencia– ya no podrá ser visto en un órgano jurisdiccional. Finalmente, esto implica que la presunción de inocencia deba regir a favor del general Chacón, por haberse vencido los plazos razonables para su juzgamiento, pero –repito– no quiere decir que haya sido declarado inocente.

(*) Investigador del IDEHPUCP.