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Chimbote 14/12/2009 (Cecopros).- A continuación les ofrecemos un interesante artículo publicado en Ideelemail sobre los denominados escuadrones de la muerte, que según la prensa nacional, estarían operando en la ciudad de Trujillo. Nos ayuda a entender que este tipo de atajos no sólo no reducen la delincuencia sino que termina volviéndose contra la sociedad misma.

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Condenamos los escuadrones de la muerte:
no se trata de proteger a delincuentes sino a la sociedad

Es innegable que el delito campea en Trujillo y que el temor y hartazgo ciudadano en dicha ciudad es absolutamente fundado. Por ende, el Estado y la sociedad tienen el derecho y el deber de combatir con firmeza y eficacia la delincuencia, en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos como su integridad física y psíquica, su libertad individual o sus bienes. Sin embargo, este combate eficaz al delito debe hacerse dentro del Estado de derecho, de la legalidad, y no fuera de él; por ende, en aras de la contundencia contra el delito no puede  aceptarse la actuación de escuadrones de la muerte conformado por policías, como la denuncia periodística difundida recientemente.

Que quede bien claro: al rechazar estos escuadrones de la muerte no se está apañando ni defendiendo a los delincuentes sino superando una mirada miope y facilista y protegiendo a la sociedad en su conjunto, cuya seguridad sólo puede buscarse y lograrse dentro del marco del Estado de derecho (investigación policial especializada y eficaz, procesos judiciales, debido proceso) y no con atajos criminales como las ejecuciones extrajudiciales, pues terribles experiencias de otros países latinoamericanos (como los escuadrones de la muerte en algunas ciudades de Venezuela y Brasil –ver reciente informe de Human Right Watch-), nos muestran que estos atajos no sólo no reducen la delincuencia sino que termina volviéndose contra la sociedad misma.

Así es, estos escuadrones no suelen auto-limitarse ni restringir su actuación a ejecutar extrajudicialmente a delincuentes –lo que por cierto también es inaceptable desde todo punto de vista-, sino que luego saltan con mucha facilidad a otros “negocios” ilegales como los secuestros, las vendettas privadas, pasionales o empresariales, eliminación de dirigentes sociales u opositores, etc. Por ende, no sólo se trata de condenar que agentes del Estado combatan la barbarie del crimen con la barbarie de las ejecuciones extrajudiciales, sino también –vistas las experiencias de algunos países de América Latina- que estas “vías de evitamiento” criminales no sólo no reducen sino que incrementan la inseguridad ciudadana y la violencia.

Dicho esto, la pregunta que válidamente muchos ciudadanos se hacen, agobiados cotidianamente por el crimen, es la siguiente: ¿es posible combatir eficazmente el crimen con las armas que el Estado de derecho le confiere a policías, fiscales y jueces? La respuesta es sí… siempre y cuando la policía y la justicia cuenten con determinadas condiciones para que actúen con eficacia contra el delito; la siguiente pregunta, entonces, es ¿los policías cuentan hoy en día con tales condiciones para actuar con eficacia en el Perú? Lamentablemente, el Gobierno actual no ha contribuido en absoluto a edificar esas condiciones de buena performance policial, sino todo lo contrario: no se ha combatido la corrupción policial, no se ha mejorado la credibilidad policial ante la ciudadanía, no se ha mejorado la logística ni el equipamiento policial (¡se tardaron una eternidad en adquirir patrulleros!), tampoco se sabe de mejoras sustanciales en el entrenamiento operativo de los efectivos policiales, tampoco ha habido mejora en el bienestar del personal policial, entre otros.

En consecuencia, este fracaso gubernamental en reformar y mejorar a la policía nacional y la seguridad ciudadana, también explica en parte –aunque no justifica de ninguna manera- esta situación que en la actualidad viven muchos ciudadanos en algunas ciudades del país: delincuencia creciente que desborda el accionar policial, sensación de impunidad y de inseguridad, caldo de cultivo ideal para que fructifiquen estas ilegales “vías de evitamiento” como las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes, que aparentan ser fáciles y efectivas pero que esconden un peligro terrible para la sociedad. Por ende, rechazar tajantemente este tipo de “soluciones” como los escuadrones de la muerte, también pasa –simultáneamente- por exigir una profunda y sustancial mejora de la actuación policial para combatir eficazmente el crimen pero con las armas que el Estado de Derecho les confiere.

El actual Gobierno tiene así una doble responsabilidad ante el país: investigar y deslindar con este tipo de prácticas criminales y, por otro lado, no haber contribuido a reformar y mejorar la policía nacional y la seguridad ciudadana. Lamentablemente, Alan García entregará el 2011 un país más inseguro y más violento que el que recibió el 2006. Lamentable en verdad. (Fuente Ideelemail SC)